¿Puede un alcalde evitar los desahucios?

By GMS Asesoría Busturia, 12 Junio, 2015

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Para que un Ayuntamiento pueda intervenir en el desalojo de una familia de su vivienda por motivos económicos, lo primero que hace falta es “voluntad política”.

Así lo entienden también en Madrid; que se dispone a construir dos convenios: uno con los jueces para establecer mecanismos que alerten del riesgo de un desahucio y otro con los bancos para crear vías de intermediación que funcionen antes de acudir a la justicia.

Trabas muchas, con la Ley de Protección de Datos como primera a la hora de solicitar esa información a las propias entidades financieras. Sin embargo, la presencia en la propuesta de Manuela Carmena puede actuar como garantía.

La alternativa es proporcionar a las personas que sufran esta situación una vivienda de titularidad pública.

Es el sistema que se ha implantado en Euskadi

La iniciativa partió también de la judicatura; y fue Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi quien lanzó el guante al entonces (2012) Lehendakari, Patxi López: una reclamación de medidas preventivas eficaces que evitasen la resolución lógica a las demandas de lanzamiento por impago de préstamos a los que mucha gente no podía responder. Se acudió a la mediación y a la alternativa de realojo; pero la falta de información impide que muchas de las demandas lleguen a resolución antes de que se puedan activar estos medios de una manera eficaz. Muchas veces el desconocimiento de los trámites necesarios. Otras la negación misma: la gente no puede creerse lo que le está pasando.

Recordamos que entonces (y ahora; aunque menos por la implantación de estas medidas y las leyes estatales de Buenas Prácticas y de Segunda Oportunidad) el principal motivo de desahucio es el impago de préstamos hipotecarios para compra de bienes inmuebles cuyo precio había sido hinchado de manera artificial y especulativa durante los años de la burbuja; y que generan cuotas a las que, pese al desplome del EURIBOR, las cuentas de familias, muchas de ellas en paro o con sueldos disminuidos desde entonces, no pueden hacer frente.

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